Bedolla pide identidad reservada de víctimas hasta el juicio para frenar impunidad
El gobernador advirtió que revelar datos personales antes del juicio expone a víctimas, testigos y denunciantes a represalias y debilita los procesos penales
CDMX.- Durante la 52ª sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública y la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil, encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla lanzó una advertencia clara: revelar la identidad de víctimas, denunciantes o testigos antes del juicio oral está dejando a muchas personas en riesgo y abriendo la puerta a la impunidad.
Bedolla planteó que la violencia generada por grupos delincuenciales sigue inhibiendo a quienes podrían declarar ante autoridades y jueces. Dijo que muchas personas dejan de colaborar por miedo, o bien, aun cuando ya declararon en la investigación, no se presentan al juicio por temor a represalias. Según el mandatario, esta situación ha derivado en delitos como homicidios, secuestros y desapariciones, además de procesos judiciales que naufragan por falta de pruebas.
Por eso, propuso reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente el artículo 220, para permitir que la identidad reservada se mantenga hasta el momento en que la persona protegida comparezca a desahogar su prueba. Actualmente, el anonimato solo puede mantenerse hasta antes de la acusación formal, lo que deja un periodo vulnerable donde el riesgo para víctimas y denunciantes aumenta.
El gobernador sostuvo que ampliar esta protección ayudaría a garantizar el debido proceso y a fortalecer la capacidad del Estado para obtener sentencias condenatorias, especialmente en delitos como la extorsión. Recordó que, como marca el artículo 20 constitucional, el sistema debe proteger tanto al inocente como a quien denuncia y a la víctima, y debe asegurar que el delito no quede impune.
Bedolla concluyó que la reserva de identidad hasta el final de la etapa probatoria es indispensable para avanzar hacia una política de cero impunidad, alineada con lo planteado por la fiscal general Ernestina Godoy.








