Alfredo Ramírez Bedolla respalda Plan B electoral y pide reducir gasto de congresos
El gobernador de Michoacán señaló que los congresos locales deben reducir su presupuesto y salarios en línea con la austeridad republicana
Morelia.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, expresó su respaldo al Plan B de la reforma electoral impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al considerar que permitirá reducir el gasto excesivo en los congresos locales y fortalecer la política de austeridad en el país.
El mandatario señaló que la propuesta ya cuenta con el respaldo de los partidos aliados de Morena, como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, lo que, afirmó, abre la posibilidad de que la iniciativa sea aprobada en el Congreso de la Unión.
Ramírez Bedolla sostuvo que uno de los principales objetivos de la reforma es disminuir el alto costo que representan las estructuras legislativas y electorales en México, incluyendo el gasto en congresos locales y en el Senado de la República de México.
El gobernador subrayó que Michoacán se encuentra entre los estados con congresos más costosos del país, por lo que consideró que la propuesta federal representa una “llamada de atención” para revisar el presupuesto del Congreso del Estado de Michoacán.
Recordó que cuando fue diputado local impulsó una reducción salarial para los legisladores. Según explicó, en ese momento la dieta de los diputados superaba los 160 mil pesos mensuales y se logró reducirla a cerca de 90 mil pesos, aunque la medida generó resistencia política.
“Estoy totalmente de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo mismo lo intenté cuando fui diputado y recibí incluso la destitución por promover la austeridad en el Congreso”, afirmó.
El Plan B de la reforma electoral propone modificaciones a leyes secundarias para aplicar criterios de austeridad republicana, establecer topes al presupuesto de congresos locales y limitar el número de regidores en ayuntamientos según el tamaño de la población.
Además, plantea abrir la posibilidad de someter a consulta popular algunos temas electorales, como el financiamiento a partidos, y flexibilizar la revocación de mandato para que pueda realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno, ampliando los mecanismos de participación ciudadana.
De acuerdo con estimaciones federales, la implementación de estas medidas podría generar ahorros cercanos a 4 mil millones de pesos, recursos que serían destinados a obra pública, servicios básicos y programas prioritarios en estados y municipios.