Michoacán regulará a influencers durante la veda electoral: estas serán las sanciones
La nueva norma define quién es influencer, qué es promoción digital y cómo se sancionará el contenido prohibido
Las reglas del juego digital cambiaron en Michoacán: a partir de ahora, los influencers que publiquen contenido político durante la veda electoral podrán ser sancionados. El Congreso del Estado aprobó reformas al Código Electoral para regular la actividad de creadores de contenido en redes sociales durante los periodos en los que está prohibida la propaganda.
La nueva norma define por primera vez quién es considerado influencer en materia electoral: cualquier persona —física o moral— que publique contenido de forma constante y tenga al menos 100 mil seguidores, o que alcance ese mismo nivel de exposición mensual mediante vistas, interacciones o impresiones.
La Ley aclara que esta regulación no aplica a expresiones espontáneas de ciudadanos, ni a contenidos de análisis, crítica, sátira, opinión o trabajos periodísticos. Es decir, la libertad de expresión queda protegida.
El Congreso también estableció lo que se entenderá como promoción digital, es decir, cualquier contenido que utilice herramientas de publicidad pagada, segmentación, algoritmos o estrategias que aumenten artificialmente su alcance para llegar a públicos específicos.
Con la creación del Artículo 169 TER, quedó estrictamente prohibido que durante la veda electoral —periodo en el que se suspende toda propaganda política— se difundan mensajes político-electorales en redes sociales, sea de manera directa o disfrazada.
Esta prohibición aplica a:
- Influencers.
- Partidos políticos y sus candidatos.
- Cualquier persona o empresa que contrate, patrocine o colabore con influencers para difundir propaganda electoral durante ese periodo.
Las sanciones incluyen multas económicas proporcionales al impacto del contenido publicado y la orden de eliminar la publicación en menos de 24 horas una vez que la autoridad lo notifique.
La reforma forma parte del esfuerzo del Congreso por poner al día la legislación frente al crecimiento del entorno digital y el peso que hoy tienen los creadores de contenido en los procesos electorales.